Acreditación formal de la competencia profesional, conforme al RGPD. La forma de ofrecer una garantía adicional aunque no sea obligatoria.
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La certificación de Delegado de Protección de Datos es un reconocimiento formal que acredita que un profesional posee las competencias necesarias para desempeñar las funciones de DPD conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aunque no es obligatoria, proporciona garantías adicionales de cualificación profesional.
En España, las certificaciones de Delegado de Protección de Datos se enmarcan en el Esquema de Certificación de DPD de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este esquema fue desarrollado en colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que acredita a las entidades certificadoras que cumplen los requisitos establecidos.
Actualmente, las entidades certificadoras acreditadas por ENAC para emitir certificaciones de DPO conforme al esquema oficial son, entre otras:
Estas entidades realizan procesos de evaluación objetivos y rigurosos, basados en el cumplimiento de criterios técnicos y profesionales claramente definidos.
Las exigencias para obtener la certificación como Delegado de Protección de Datos están armonizadas en el esquema oficial de la AEPD, que todas las entidades acreditadas deben aplicar. Se dividen en tres categorías fundamentales:
El proceso es homogéneo entre todas las entidades certificadoras acreditadas por ENAC, con el fin de garantizar una evaluación equitativa y fiable.
Para obtener la certificación como DPO se requiere formación específica de al menos 60 horas, experiencia profesional de 2 a 5 años en protección de datos y superar un examen oficial.
No. Ni el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ni la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) exigen estar en posesión de una certificación oficial para poder ejercer como Delegado de Protección de Datos.
La designación de un DPO se basa, legalmente, en la capacidad profesional, conocimientos especializados en derecho y práctica en protección de datos, así como en la capacidad para desempeñar sus funciones con independencia y diligencia.
No obstante, contar con una certificación facilita demostrar formalmente esa cualificación ante terceros y autoridades de control.
Aunque no es una exigencia legal, optar por un DPO certificado ofrece múltiples ventajas para entidades públicas y privadas:
Contratar un DPO certificado garantiza competencia, refuerza la confianza institucional, demuestra diligencia y puede ser clave en auditorías o contrataciones públicas, según el esquema oficial de la AEPD.
Actualmente, no existe una previsión normativa oficial para hacer obligatoria la certificación del DPO en España ni a nivel europeo. El propio RGPD establece un modelo basado en la capacidad profesional, sin imponer títulos ni acreditaciones formales.
No obstante, tanto la AEPD como organismos europeos han reconocido la utilidad de los esquemas de certificación voluntaria para reforzar la profesionalización de la figura del DPO.
Por ello, en el futuro podrían impulsarse medidas para fomentar aún más su adopción, especialmente en sectores de alto riesgo o en la administración pública.
Mientras tanto, el sistema vigente apuesta por la libertad de designación y la autorregulación mediante estándares de calidad, como los que proporciona el esquema de certificación actualmente en vigor.
El candidato debe acreditar experiencia profesional o formación específica en protección de datos y superar un examen que evalúa sus conocimientos en tres dominios: normativa general de protección de datos, responsabilidad activa y técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa.
La formación debe ser reconocida por una entidad de certificación acreditada y cumplir con los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación, que incluyen una duración mínima de 60, 100 o 180 horas, dependiendo de la vía de acceso.
El examen consta de preguntas tipo test distribuidas en tres dominios: normativa general de protección de datos (50%), responsabilidad activa (30%) y técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa (20%). Tiene una duración máxima de cuatro horas y se permite un máximo de dos convocatorias en un año natural.
Cada entidad de certificación acreditada por ENAC convoca sus propios exámenes. Las fechas y lugares se publican con antelación en sus respectivas páginas web, permitiendo a los candidatos elegir la convocatoria que mejor se adapte a sus necesidades.
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