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El perfil profesional del Delegado de Protección de Datos debe ser el de un profesional con conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos, independiente, proactivo y con alta capacidad de comunicación.
El RGPD no establece una titulación específica obligatoria para ejercer como DPO, pero sí exige que esta figura cuente con conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos. Esto incluye:
La experiencia práctica en tareas de supervisión, auditoría o asesoramiento jurídico en materia de privacidad también es valorada como un criterio esencial para garantizar la competencia del DPO.
El artículo 39 del RGPD establece las funciones mínimas que debe asumir el DPO, entre las que destacan:
El DPO también debe participar activamente en la definición de políticas internas y garantizar que se promueva la formación del personal implicado en operaciones de tratamiento.
Aunque ni el RGPD ni la LOPDGDD exigen certificación obligatoria para ejercer como DPO, en España existen esquemas de certificación profesional reconocidos, que permiten acreditar formalmente el nivel de competencia exigido. Estas certificaciones, de carácter voluntario, se basan en el esquema oficial promovido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Las principales certificaciones en España son:
Estas certificaciones valoran conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos, y son especialmente valoradas en procesos de contratación pública, auditoría o selección de servicios externos.
Además de conocimientos técnicos y jurídicos, se valoran especialmente las siguientes competencias transversales:
Asimismo, la integridad, el criterio independiente y la confidencialidad son cualidades esenciales en el ejercicio de su función.
El RGPD permite que el DPO interno o externo, contratado mediante un servicio. Ambas modalidades son válidas, siempre que se garantice la independencia, cualificación y disponibilidad del Delegado.
En ambos casos, la entidad responsable debe asegurar que el DPO designado no incurre en conflictos de intereses y dispone de los recursos suficientes para ejercer sus funciones de forma eficaz.
Entre sus competencias están supervisar el cumplimiento de la normativa, asesorar a la organización y a su personal, realizar evaluaciones de impacto en privacidad, actuar como punto de contacto con las autoridades de control y fomentar una cultura de protección de datos en la entidad.
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