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Las tarifas varían en función del volumen y sensibilidad de los datos tratados, el sector de actividad y si se opta por un DPO interno o externo.
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Contratar un Delegado de Protección de Datos (DPO) es una obligación legal para numerosas empresas en España, especialmente tras la aplicación del RGPD y la LOPDGDD. A continuación detallamos cuáles son los precios orientativos habituales, qué factores influyen en estos costes y qué opciones existen para contratar este servicio.
Las tarifas por contratar un DPO varían significativamente según el tamaño, sector y necesidades concretas de cada empresa. De manera general, estos son los rangos habituales en el mercado español:
El coste de este servicio dependerá de varios factores clave, principalmente:
En España existen principalmente dos modalidades de contratación de un Delegado de Protección de Datos:
Entre los modelos más frecuentes que encontrarás en España destacan:
Antes de decidirte por un DPO, asegúrate de solicitar varios presupuestos detallados, comprobando exactamente qué servicios están incluidos en cada oferta. Ten presente que invertir adecuadamente en un DPO supone evitar riesgos legales y asegurar la confianza de clientes y usuarios.
Aquí puedes ver empresas que ofrecen un servicio de DPO.
El Delegado de Protección de Datos (DPD) es designado por el responsable o el encargado del tratamiento de datos personales dentro de la organización. Esta designación puede recaer en un profesional interno o en un proveedor externo especializado, siempre que cumpla con los requisitos legales. Además, una vez nombrado, la organización debe comunicar formalmente el nombramiento a la autoridad de protección de datos correspondiente, en el caso de España, a la AEPD.
La designación de un DPD es obligatoria cuando se cumplen ciertos criterios establecidos por el RGPD y la normativa nacional. Específicamente, cuando el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público, cuando se realiza una observación habitual y sistemática de personas a gran escala, o cuando se tratan categorías especiales de datos personales, como datos de salud, ideología o vida sexual, también a gran escala. En estos casos, el nombramiento no es opcional, sino una exigencia legal.
Para ser Delegado de Protección de Datos no se requiere una titulación concreta, pero sí es necesario contar con conocimientos especializados en derecho y protección de datos, así como experiencia práctica en la aplicación del RGPD y la legislación nacional. Además, es imprescindible poder actuar con independencia, tener acceso a los recursos necesarios y mantener una comunicación fluida con los niveles más altos de la organización. La formación continua y las certificaciones en privacidad y seguridad también son muy recomendables.
Están obligadas a nombrar un DPD todas las autoridades y organismos públicos, salvo en el caso de los tribunales actuando en funciones judiciales. También deben hacerlo empresas y organizaciones privadas cuya actividad principal implique una monitorización sistemática y a gran escala de individuos, como ocurre con bancos, compañías de telecomunicaciones o plataformas digitales. Igualmente, están obligadas aquellas entidades que traten datos sensibles a gran escala, como hospitales, centros de investigación médica o aseguradoras del ámbito sanitario.
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